Atualidades

Organizaciones de derechos humanos en América Latina denunciamos el ataque militar de los Estados Unidos contra múltiples objetivos en Venezuela, ocurrido el 3 de enero de 2026. Se trata de una agresión armada que viola abiertamente el derecho internacional y sienta un peligroso precedente en toda la región. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la grave situación de derechos humanos en Venezuela e insistimos en la obligación de respetarlos.

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-5 de enero de 2026-

La captura del presidente de facto Nicolás Maduro y de su esposa para ser enjuiciados en Estados Unidos representa el punto culminante de un cerco militar en el Caribe que el gobierno estadounidense venía construyendo progresivamente en los últimos meses. En particular, desde septiembre de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo 32 ataques contra  embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, que han derivado en la ejecución extrajudicial de al menos 115 personas. 

Estos actos del gobierno de Trump, sin una justificación de defensa legítima y sin que se enmarquen en un conflicto armado, son incompatibles con los principios y normas del derecho internacional y amenazan la paz y la seguridad en la región. En efecto, la agresión militar vulnera la prohibición del uso unilateral de la fuerza establecida en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2(4), y de la OEA (artículos 3, 19-22).

Los ataques también implican riesgos para el pueblo venezolano. La escalada de la crisis institucional y de legitimidad en Venezuela, tras el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y la posterior represión desatada por las autoridades venezolanas, agravó la emergencia humanitaria compleja que aqueja a las y los venezolanos. Las organizaciones firmantes hemos condenado en reiteradas ocasiones las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de facto de Nicolás Maduro y la persecución a la que han estado expuestas organizaciones y personas que han denunciado dichas violaciones. Es particularmente preocupante la situación de las personas que permanecen arbitrariamente privadas de su libertad y cuya vida e integridad corren peligro en este contexto. Asimismo, los mecanismos diplomáticos e internacionales no lograron articular una respuesta efectiva a dicha crisis, lo que refuerza el importante rol que la comunidad internacional tiene ahora frente a la nueva situación en el país. 

El pueblo venezolano merece una transición democrática y que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos rindan cuentas ante la justicia. Sin embargo, esto no puede justificar la ruptura del orden internacional ni legitimar los medios violentos y unilaterales que imponen la lógica del más fuerte. 

Cualquier solución a la crisis que atraviesa el país debe ser democrática, pacífica y negociada, centrada en el respeto por los derechos humanos, y priorizando  la participación y el poder de decisión de la sociedad venezolana sobre su futuro. La idea expresada por el presidente Trump sobre la instalación de una “administración” de EEUU va en sentido contrario  al derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. 

Las consecuencias para la región también generan preocupación. Estos actos deben ser observados a la luz del rápido declive democrático de la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Al interior del país, el gobierno federal  ha implementado una política represiva contra voces disidentes y manifestantes, que incluye intentos de militarizar la seguridad interna, así como ataques contra la libertad de expresión, y la criminalización, detención y deportación masivas de personas migrantes. 

Durante la rueda de prensa del 3 de enero, Trump expresó que Estados Unidos está reafirmando su hegemonía en el hemisferio occidental, haciendo eco de la denominada Doctrina Monroe. Estas declaraciones implican una tendencia en aumento a la actuación unilateral y al desconocimiento de la soberanía de los países de la región, y resultan aún más preocupantes en el marco de los diversos procesos electorales que tendrán lugar en el 2026 y en los que Estados Unidos pudiese querer influir sin tomar en cuenta criterios de apoyo a normas democráticas, como ya sucedió en 2025 en Argentina y Honduras.   

En ese contexto, el operativo militar en Venezuela y el regreso a la Doctrina Monroe, además de la existencia de un número creciente de gobiernos en América Latina que, por afinidad ideológica o bajo presión, validan este tipo de acciones ilegales, constituyen una amenaza para el orden y la estabilidad democrática en América Latina. 

Reiteramos nuestra solidaridad con las y los venezolanos y con la sociedad civil, especialmente con las víctimas de la represión y violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y con las personas directamente afectadas por la agresión armada estadounidense. Llamamos a los países de la región a que actúen para contribuir a una negociación que permita una transición democrática y pacífica en Venezuela, proteger a las personas defensoras de derechos humanos, manifestantes y las personas presas políticas que están en Venezuela, y proteger a las personas que decidan migrar en este escenario de incertidumbre. La situación exige una respuesta internacional inmediata, firme y coordinada, basada en los derechos humanos y en los principios democráticos que respete el multilateralismo y el diálogo entre las naciones para preservar la América Latina como una zona libre de guerras.

 

Firman la nota:

ARTIGO 19 Brasil e América do Sul

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Conectas Direitos Humanos, Brasil

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, Argentina

Artículo 19 oficina para México y Centroamérica

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD), Bolivia

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Chile

Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, Chile

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México 

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD)

Centro Nueva Tierra, Argentina

Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes (CAREF), Argentina

Committee to Protect Journalists (CPJ)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú 

Fundación 1367-Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile 

Fundación Asociana, Argentina 

Fundación Protestante Hora de Obrar, Argentina

 

Global Center for the Responsibility to Protect

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala 

Heinrich-Böll-Stiftung Buenos Aires

INREDH – Ecuador 

Instituto Vladmir Herzog, Brasil

International Service for Human Rights

Justiça Global, Brasil

Memoria Abierta, Argentina

Memorial Brumadinho, Brasil

Memorial para la Concordia, Guatemala

México Unido Contra la Delincuencia (MUDC), México 

Museo de la Memoria de Rosario, Argentina 

Núcleo de Preservacao da Memoria Política, Brasil

Prodesc, México 

Sitio de Memoria Estadio Nacional, Chile 

Sitio de Memoria Tlaxcoaque, México

Somos Memoria-Red de colectivos de memoria mexicanos, México 

Temblores, Colombia

Washington Brazil Office 

Instituto de Estudos da Religião – ISER, Brasil

Sexuality Policy Watch/ABIA, Brasil

Observatorio Ciudadano, Chile

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Colombia

Asociación Ecuménica de Cuyo, Argentina