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La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) fue escuchada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia temática sobre las afectaciones a las políticas de memoria, verdad y justicia en la región. En la audiencia, celebrada este jueves 11 de julio, la red presentó información sobre la situación en la mayor parte de los países de la región. Los comisionados de la CIDH y el Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición de ONU, Bernard Duhaime, fueron receptivos y acordaron incorporar esta agenda a su trabajo de los próximos meses.

-11 de julio de 2024-

La audiencia temática denominada “Afectaciones al derecho a la memoria, verdad y justicia por ataques contra sitios de memoria” fue solicitada por la RESLAC y se llevó a cabo en forma virtual en el marco del 190° período de Sesiones Ordinarias de la Comisión durante la mañana del jueves 11 de julio de 2024.

Representando a la RESLAC estuvieron referentes de Argentina, Chile, Bolivia y Perú. La presentación reunió información de la mayoría de los 13 países representados en la red y repasó las principales situaciones de retrocesos, peligros, avances y oportunidades en relación con las políticas de memoria, verdad, reparación y no repetición.

Se hizo énfasis en el crecimiento de discursos negacionistas y relativistas en la esfera pública que rompen el consenso mínimo que parecía estable luego de las transiciones a la democracia y los acuerdos de paz en la región así como en el hostigamiento a los defensores de derechos humanos y trabajadores del campo de la memoria que han sostenido los procesos de memoria, verdad y justicia. También fue planteado el problema del desfinanciamiento, vaciamiento por despidos y ataque directo a los sitios de memoria así como los obstáculos interpuestos al acceso a archivos que contienen información relevante sobre derechos humanos. En relación con el campo de la educación, las reparaciones y las investigaciones penales se mencionaron retrocesos en diferentes países y se los vinculó con el clima general de negacionismo y estigmatización de las víctimas y sus organizaciones de referencia.

La presentación de Perú enfatizó que los más de 100 lugares de memoria que tiene el país se encuentran en riesgo ante la ausencia de una política pública de memoria y porque la pretensión de eliminarlos obedece a un marco general de búsqueda de impunidad.

El caso específico del Ojo que Llora, un memorial limeño construido en torno a una escultura creada por la artista plástica Lika Mutal para conmemorar a miles de víctimas del conflicto armado interno es de relevancia. Este sitio de memoria se ve amenazado por un proyecto de Ley que ordena retirar la resolución de Patrimonio Cultural de la Nación conferida al memorial para que pueda ser destruido y una solicitud formal de la Municipalidad de Lima para eliminar El Ojo que Llora y reemplazarlo por una espacio deportivo.

Por su parte, la presentación de Bolivia hizo eje en las situaciones de impunidad históricas, reiteradas en el contexto del golpe de Estado de 2019. Al no haber medidas estatales concretas de no repetición sobre violaciones a los Derechos Humanos, este 26 de junio pasado, Bolivia vivió un intento de interrupción del orden democrático a través de una asonada militar.

En la presentación se planteó la ausencia de normativas para preservar sitios de memoria en Bolivia, lo que condujo a la demolición de varios centros de tortura, ejecuciones extrajudiciales y masacres. Los pocos espacios de memoria existentes responden al esfuerzo de las organizaciones de víctimas o al cumplimiento de sentencias de la CIDH.

Finalmente se hizo referencia al caso de Chile, donde las diferentes comisiones de verdad identificaron 1132 recintos de tortura y extermino, muchos eliminados y demolidos. Apenas 44 cuentan con protección a través de la Ley de Patrimonio Cultural. Esto otorga un paraguas de protección inicial pero no expresa la singularidad de estos espacios en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Desde el 2018, se registran en Chile más de 160 ataques a sitios de memoria, siendo el año 2020. Estos agravios obedecen a vandalizaciones sucesivas, rayados con pinturas y aerosoles con consignas negacionistas; incendios en edificios patrimoniales; ingreso e intrusiones con destrozos y robos; etc. La recuperación y resguardo ha sido históricamente responsabilidad de la sociedad civil.

También se mencionaron retrocesos en Argentina, como los despidos y desfinanciamiento en sitios de memoria, la dilación temporal de la política de reparaciones económicas a las víctimas, el desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas que aportó evidencias a los juicios, la negativa por parte del Ministerio de Seguridad a aportar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en expedientes para localizar niños apropiados, la calificación como “acciones de adoctrinamiento” a los contenidos pedagógicos sobre la última dictadura trabajados en escuelas y sitios de memoria, el auspicio de actos reivindicatorios de la dictadura convocados en el ex campo de concentración y actual Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex Esma.

En la audiencia se resaltaron también algunos avances recientes como la Comisión de Verdad y Justicia en México y la formulación en ese marco de un proyecto de ley integral de memoria que aún espera ser enviado al Congreso, la reconstitución del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía y la Comisión de Muertos y Desaparecidos en Brasil, el mencionado Programa de Sitios de memoria en Chile, la expropiación parcial del sitio Colonia Dignidad en Chile, la formulación de un proyecto de ley integral de memoria en Colombia. En la misma línea, se identificaron frente a la Comisión oportunidades de avance en políticas públicas de memoria en México, Colombia, Chile, Paraguay y Brasil.

Los comisionados de la CIDH, Roberta Clarke (presidenta de la CIDH y relatora sobre los derechos de las mujeres), Andrea Pochak (relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia), Edgar Stuardo Ralón (Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad), junto a Bernard Duhaime, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de ONU, intercambiaron preguntas y comentarios sobre las situaciones que fueron informadas. Remarcaron la importancia de la información que les fue suministrada y el balance regional presentado por la RESLAC. Fueron receptivos y acordaron incorporar esta agenda a su trabajo de los próximos meses.