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El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, noreste de México, en una resolución histórica, ordenó el pasado 4 de junio, crear una Comisión Judicial de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

Tras ocurrir la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” el 26 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la Republica (PGR) decidió dividir la investigación y encomendó a diversas instancias la prosecución del caso; la intención era complicar y dilatar la investigación al tener la misma separada entre diversas oficinas de la Procuraduría. Sin embargo sorprendió la decisión de los magistrados, la cual no sólo libera a tres detenidos acusados de estar vinculados  a la desaparición de los normalistas sino que reconoció que los testimonios de los acusados fueron obtenidos por medio de tortura; el Tribunal Colegiado ordena al Presidente de la República y a la Procuraduría General la creación de la comisión de la verdad.

La resolución también ordena que serán las familias de las víctimas y sus representantes quienes estarán a cargo de la investigación, es decir serán ellos y no las autoridades quienes dictarán las líneas de investigación y  decidirán y validarán las pruebas a presentar, esto con el fin de garantizar una investigación imparcial e independiente, como apareció en el documento de 700 fojas. A la Procuraduría  General sólo le otorga el carácter de integración del expediente.  Con este punto, el Tribunal Colegiado reconoce que sus propias instituciones no son consideradas  aptas para  efectuar  una investigación a cabalidad ya que otro punto que señala la resolución del Tribunal es que la investigación que realizó el Estado mexicano a través de la Procuraduría General de la República está llena de irregularidades e inconsistencias.

Lo que las autoridades esperan es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide la sentencia, sin embargo expertos analizaron que esto ya no es posible porque que la resolución de Tribunal pertenece  a una apelación de amparo ya interpuesta anteriormente. El mandato del actual presidente, Enrique Peña Nieto termina en noviembre de este año, él y su administración no estarán preocupados por el fallo.

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y sus abogados señalaron que es un resultado positivo el mandato de una comisión de la verdad para el esclarecimiento del caso, de hecho se contemplaría la propuesta de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regrese a México y retome la investigación. Lamentablemente expertos en materia forense ven que un sustancial impedimento en el desarrollo de una reapertura de la investigación es que la PGR improvisó una bodega para almacenar las evidencias del caso Ayotzinapa no cumple los lineamientos de temperatura, luz, etc. para la preservación de pruebas de ADN que permitieron al Equipo Argentino de Antropología Forense identificar un fragmento de hueso del normalista Alexander Mora Venancio en diciembre de 2014. También se ve con suspicacia la asignación de fondos para la comisión de la verdad. Organizaciones de derechos humanos y medios, nacionales e internacionales, observarán de cerca el desarrollo del cumplimiento de esta histórica resolución.