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La Ley Nº 19641 de Sitios de Memoria, aprobada el pasado 4 de julio en Uruguay comenzó a implementarse a partir de la creación de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y otros mecanismos previstos en la ley.

-12 de diciembre de 2018-

La mencionada Ley de Sitios de Memoria es el resultado de un largo proceso de discusión y consenso entre distintas organizaciones que vienen trabajando juntas desde abril de 2016. Entre el grupo promotor del primer borrador se encuentran los espacios miembros de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) en Uruguay: el Museo de la Memoria (MUME), Fundación Zelmar Michelini, y la Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria y el Espacio de Memoria “Quica Salvia”, que entonces existía en el departamento de Canelones.

En julio del mismo año, la Red Pro Sitios de la Memoria, con la participación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), la organización de ex presos y presas políticas CRYSOL, Familiares de Detenidos Desparecidos, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el MUME, la Universidad de la República (UDELAR) y diversas organizaciones que trabajan para recuperar sitios, discutió y elaboró una propuesta de ley a ser presentada ante el parlamento por el Senador Marcos Carámbula.

La Ley de Sitios de Memoria, finalmente aprobada el 4 de julio de 2018, designa como “sitios de memoria” a los lugares donde se produjeron violaciones de los derechos humanos, así como aquellos sitios donde hubo resistencia o lucha por la recuperación democrática, y otros sitios a los cuales las víctimas, familiares o las comunidades asocian con esos acontecimientos y que han sido creados para construir y transmitir memorias, tales como memoriales, museos y otros espacios. De igual forma, la ley establece el deber que tiene el Estado de garantizar su preservación, su funcionamiento, gestión y sustentabilidad.

Cumpliendo con el texto de la Ley, en octubre de 2018, fueron creadas formalmente: a) la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que se conforma con un delegado de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensora del Pueblo, un delegado del Ministerio de Educación y Cultura, un delegado de la Universidad de la República, un delegado de la Administración Nacional de Educación Pública, dos delegados de las organizaciones destacadas en la lucha por la Memoria y los Derechos Humanos, y tres delegados de la Red Nacional de Sitios de Memoria; b) el Consejo Asesor Consultivo que se integra por un delegado de la Presidencia de la República, un delegado del Poder Judicial, un delegado del Congreso de Intendentes y un delegado del Plenario de Municipios; y c) la Red Nacional de Sitios de Memoria, que agrupa a las Comisiones de los Sitios de Memoria.

Justamente la Red Nacional de Sitios de Memoria se pronunció recientemente sobre diversos ataques a diferentes iniciativas de memoria, lo cual resalta la importancia de estas herramientas en este contexto de ataques. Más información: Declaración de la Red Nacional de Sitios de Memoria de Uruguay