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El miércoles 12 de diciembre de 2018, se realiza la ceremonia de señalización como Sitio Histórico y de Conciencia al edificio de la ex Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT) del Ministerio del Interior de Paraguay, lugar que entre 1956 y 1992 fue conocido como “LA TÉCNICA”. Durante la dictadura stronista funcionó ahí una institución oficial especializada en interrogatorios a disidentes políticos, ciudadanos sin militancia, campesinos, campesinas, estudiantes y toda persona que fuera señalada por un delator pagado (o pyrague).

Los interrogatorios fueron la especialidad de “La Técnica”, obedeciendo al mandato de la política intervencionista del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional que, en Paraguay, se concretó en acciones específicas de Terrorismo de Estado.

En el edificio, se denominaban “asuntos técnicos” a los procedimientos que servían para  procurar “la verdad” sobre supuestos atentados a la autoridad. Al considerarse que esta “verdad” debía ser obtenida por medio de nuevas estrategias, los Manuales de la CIA incluyeron torturas físicas y psicológicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las “técnicas” se enseñaban en la propia Escuela de Policía de Asunción y en otros despachos oficiales y se aplicaban en este edificio. El instructor fue el abogado y coronel estadounidense, Robert K. Thierry quien permaneció en Paraguay entre 1956 y 1958. Los policías formados por él, recorrieron el país con sus valijas de madera, cables, sujetadores y picanas para demostrar su eficiencia en varias campañas represivas, en especial a las Ligas Agrarias Cristianas  (en 1976). Más tarde, estas tropas entrenadas se integrarían junto a otras fuerzas de seguridad de los países del Cono Sur, en el denominado Plan Cóndor.

Se considera muy elevado el número de víctimas de torturas, ejecuciones y desapariciones por la larga existencia de la institución y su modalidad represiva, aunque se ignora el número total. Algunas personas eran llevadas por horas o días desde otras comisarías de Asunción o desde el interior del país, para ser torturadas. Otras, en tanto, permanecían detenidas en condiciones inhumanas, por meses y años.

Existe un listado de mil quinientas personas que fue hallado en el conjunto de documentos que conforman el archivo de la Policía Política de la dictadura, hoy denominados “Archivos del Terror”, que fueron encontrados entre el 22 y 24 de diciembre de 1992, en allanamientos realizados por el Juez José Agustín Fernández y la Comisión Bicameral de Ilícitos del Congreso Nacional, gracias a una larga investigación realizada por el ex prisionero Martín Almada que sirvió de base para interponer el recurso de Habeas Corpus.

Al día siguiente del hallazgo de los “Archivos del Terror”, fue allanado el edificio de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos. El operativo permitió recuperar gran cantidad de documentos, fichas policiales de las víctimas, libros secuestrados en los allanamientos, armas, elementos de tortura, entre otros. Todo este material pasó a integrar el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos del Museo de la Justicia, dependiente de la Corte Suprema de Paraguay que hoy se encuentra en el edificio de los Tribunales de Asunción.

El Ministro del Interior Hugo Estigarribia Elizeche resolvió el cierre de la DNAT el mismo día del descubrimiento de los archivos en Lambaré, modificando el recinto y sacando evidencias sobre su actividad durante la dictadura.  Los principales responsables se fugaron y años después murieron impunes, como la mayoría de los 800 represores identificados por la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, en su Informe Final de 2008.

En el edificio se instaló la nueva Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y más tarde, el 22 de diciembre de 2005, fue ubicado en este lugar el Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos, que había empezado a funcionar en otra sede, desde diciembre de 2002, a instancias de las víctimas y defensores. La Fundación Celestina Pérez de Almada logró definir su propuesta museológica interpretando el sitio histórico, para llevar adelante en el lugar una labor educativa principalmente dirigida hacia las nuevas generaciones y orientando su trabajo a la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos acaecidas durante el período dictatorial.

El Museo es muy concurrido y cuenta con amplio reconocimiento nacional e internacional. Éste ofrece un programa educativo de formación en Historia Reciente y Derechos Humanos, que se realiza mediante visitas de grupos de estudiantes secundarios y universitarios acompañados de sus profesores. Las víctimas y familiares acuden al lugar a buscar datos e información que contienen los listados provenientes de organizaciones de la época y del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia. El programa cultural se dirige fundamentalmente a la reparación histórica y social, cumpliendo con las definiciones de la Mesa de Memoria Histórica. Permanentemente, el lugar es utilizado para realizar acciones que visibilizan a actores y protagonistas de hechos significativos de la historia reciente paraguaya así como el análisis de hechos de actualidad, mediante conferencias, conversatorios y talleres. Especialmente, se favorecen todas las acciones que permiten apoyar a las y los familiares en la búsqueda de personas que fueron detenidas desaparecidas. Todo este trabajo en el Museo se realiza con mucha entrega de su personal y sin asignación presupuestaria específica para su funcionamiento.

La Declaración Patrimonial y señalización como Sitio Histórico y de Conciencia implican un reconocimiento del Estado paraguayo respecto a la necesidad de su preservación, que debe incluir la definición de un programa y proyectos de preservación integral que cuenten con la asignación presupuestaria necesaria para desarrollar las acciones arqueológicas, de investigación, mantenimiento, definición de uso y gestión necesarias para continuar esta puesta en valor y su uso educativo para la sociedad paraguaya.

La puesta en valor y protección de los denominados Sitios de Memoria es particularmente necesaria para garantizar el derecho de las víctimas y la sociedad a la verdad. Por otra parte, siendo un deber del Estado el de garantizar el ejercicio de las memorias colectivas de las víctimas y los grupos sociales, es necesaria su actuación comprometida que permita garantizar el uso social de estos espacios como lugares para la construcción y difusión de las memorias.

Paraguay, 11 de diciembre de 2018

Texto: Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos