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En el tercer día de su mandato, el 3 de diciembre de 2018, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador se reunió con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero, sus representantes y organizaciones de derechos humanos, para firmar el decreto presidencial que ordena crear una Comisión de la Verdad para el Caso Ayotzinapa.

La Comisión estará conformada por familiares de los normalistas, sus representantes legales, funcionarios de las secretarías de Gobernación (SG), de Relaciones Exteriores (SRE) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran. Junto al Ejecutivo, firmaron el acuerdo otras dependencias federales que deben garantizar el buen funcionamiento de la Comisión de la Verdad. Así, la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará al tanto de que la Comisión cuente con los recursos financieros necesarios; la Secretaria de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina garantizarán el acceso al proceso de búsqueda de la verdad facilitando la información o pruebas que puedan coadyuvar a la investigación, sin obstruirla; la Secretaría de Relaciones Exteriores fungirá como intermediaria para gestionar asuntos relacionados con la Comisión, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, la Secretaría de Salud también hará parte en la asistencia a los padres y madres de los estudiantes y a quienes se involucren con la misma investigación.

Es importante destacar que se contempla la revisión de mecanismos previos de investigación, así como el eventual regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes -GIEI-, quienes realizaron una investigación sobre el caso de los normalistas entre 2015 y 2016, cuyos resultados comprobaron que la versión del Estado mexicano sobre el destino final de los estudiantes desaparecidos, era imposible de sostener científicamente.

Por su parte, las madres y padres de los estudiantes vieron con beneplácito la decisión gubernamental y consideran que marca una nueva etapa. Sin embargo, demandaron resultados sólidos y el compromiso de no interrumpir el caso con la misma impunidad que fue tratado durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, dijo que la firma de este decreto es un primer paso para que las familias de las víctimas accedan a la justicia y anunció que “no se podrá clasificar como reservada la información relacionada con violaciones con derechos humanos”.

El gobierno de Peña Nieto será recordado por la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014 junto a otras violaciones graves a los derechos humanos; este es el caso –entre muchos otros- de la ejecución extrajudicial sumaria de 22 civiles a manos del ejército mexicano en el poblado de Tlatlaya, en el Estado de México, el 30 de junio de 2014.  López Obrador no tendría posibilidades de gobernar sin esclarecer el caso Ayotzinapa, que -al mismo tiempo- ha visibilizado a nivel nacional e internacional la grave situación de las desapariciones forzadas en México. El proceso de investigación sobre este caso, permitió descubrir numerosas fosas clandestinas que dan cuenta de un patrón recurrente en estas prácticas aberrantes en todo el territorio nacional y esto ha despertado una voz de alarma a nivel internacional. La conformación de esta Comisión de Verdad da cuenta de la voluntad del nuevo gobierno para reconocer la responsabilidad del Estado, ya sea por su acción directa o por la omisión de sus obligaciones para garantizar los derechos fundamentales de la población.

Es significativo que dos días después de firmado el decreto que crea la Comisión, Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, viajó a Washington en el marco del 170 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  en donde reconoció la grave crisis de derechos humanos en el país y la existencia de más de 26 000 cuerpos sin identificar en las dependencias estatales de  los servicios médicos  forenses. Al término del sexenio de Peña Nieto, oficialmente se reportaron 38 000 personas desaparecidas en México, muchas de las cuales son migrantes de Centroamérica. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que la cifra es mucho mayor.

En el contexto de apertura que el cambio de gobierno promete para estos temas, colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos se han reunido para evaluar cuáles son las características que deben tener, no solamente  la comisión para el caso Ayotzinapa, sino las comisiones regionales que se propusieron durante la transición entre el gobierno anterior y el entrante de López Obrador. Las conclusiones han sido, entre otras, que la comisión debe ser autónoma del Gobierno y de la Fiscalía General, que se deben investigar también los crímenes de la llamada ‘guerra sucia’ ocurridos entre 1965 y 2006 y, bajo otros mecanismos de investigación, esclarecer también los crímenes posteriores a esa fecha.

Otro hecho que da cuenta de un posicionamiento favorable desde el Estado mexicano fue el otorgamiento del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 a Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla (detenido-desaparecido por el ejército mexicano en Guerrero en 1974).  El acto contó con la presencia del Presidente López Obrador. Se trata de un reconocimiento a la lucha que Tita Radilla ha impulsado por más de 45 años demandando la presentación de su padre y la búsqueda de justicia, que incluyó el haber llevado el caso de su padre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando que, en 2009, el Estado mexicano fuera condenado por primera vez en la historia por un caso de desaparición forzada. En la premiación, Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con las familias de las personas desaparecidas y con la sociedad mexicana, por la búsqueda de la verdad y la garantías de no repetición.

13 de diciembre de 2018

Texto: Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Sociales

Ver: Decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación