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La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) presenta esta campaña que tiene como objetivo visibilizar la persistencia de la práctica de las desapariciones forzadas. La red busca recuperar la memoria de las luchas de organizaciones de familiares y otras organizaciones sociales en búsqueda de personas desaparecidas en el pasado, así como las nuevas manifestaciones y estrategias de búsqueda de personas desaparecidas en el presente.

Los organismos, organizaciones o agrupaciones de víctimas o familiares de víctimas fueron el puntales de lanza en toda América Latina. Ellos EXIGEN JUSTICIA, TESTIMONIAN, BUSCAN, DENUNCIAN, RESTITUYEN, PROTESTAN, CONMEMORAN, PRESENTAN y REIVINDICAN, entra otras estrategias. Su rol fue y es clave en esta lucha.

Realización: Red Latinoamericana de Sitios de Memoria (RESLAC)

Edición: Fernando Lospice y Facundo Ramos Mejía

 

1. Presentación

Este video de presentación cuenta con imágenes de varios países entre ellos Guatemala.

Guatemala tuvo, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1994), 45.000 personas desaparecidas en el periodo 1960 y 1996.

Tanto la mencionada Comisión como el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) concuerdan que la desaparición forzada fue una práctica sistemática.

Sin embargo la respuesta del Estado luego de los Acuerdos de Paz (1996) fue deficiente. Guatemala no cuenta con una política integral que dé respuesta a los familiares de las personas desaparecidas. Ante esta situación, las organizaciones de sociedad civil y los familiares, han realizado esta tarea durante años con algunos resultados positivos.

En este sentido, se presentó en 2006 ante el Congreso de la República el “Proyecto de Ley para la Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición”. El proyecto sigue pendiente de aprobación.

Guatemala no solamente no cuenta con una legislación específica en la materia, sino que tampoco adhirió a mecanismos internacionales como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (firmado pero no ratificado), y la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. El Estado sí firmó y ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Guatemala tiene seis sentencias por desaparición forzada y está en proceso el caso CREOMPAZ.  Si bien son casos emblemáticos, representan menos del 0.5% de la totalidad de casos registrados.

Hoy en día, las desapariciones siguen presentes en Guatemala, especialmente vinculadas a las migraciones

Créditos: agradecemos a Sergio Alfaro, Hijos Guatemala, Archivo Nacional de la Memoria (Argentina) y Espacio Memoria (Argentina)

 

2. Exigen Justicia

Los organismos de Derechos Humanos de América Latina vienen reclamando justicia desde las situaciones de dictadura o de conflictos armado internos, incluso poniéndose en riesgo en contextos de grave violencia.

Argentina es uno de los países en los cuales los organismos de familiares de desaparecidos han conseguido conquistas importantes en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia para el país y la región.

La última dictadura comenzó en 1976 y finalizó en 1983, dejando 30.000 desaparecidos según las cifras que han planteado históricamente los organismos de derechos humanos. El llamado Juicio a las Juntas comenzó en 1985 pero el proceso de juzgamiento se vio truncado por las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987). Los indultos de principios de los 90 terminaron de sellar la impunidad. Luego de una ardua pelea legal y política, los organismos de derechos humanos lograron abrir el camino de la justicia a nivel internacional primero, y luego en nuestro país. Con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 se consolidó la reapaertura masiva del proceso de justicia, que continúa hasta el día de hoy.

Desde la reapertura de los juicios hay 901 genocidas condenados, 804 procesados en todo el país y 142 absueltos (datos de marzo de 2019, Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal).

Argentina tiene una ley específica que tipifica la desaparición forzada: la Ley 26.679 de 2011, y el país adhirió también a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, a la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas  y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Si bien es el país de la región donde más juicios por causas de Lesa Humanidad se han llevado a cabo, los organismos de derechos humanos plantean que en los últimos años se está demorando el inicio de causas nuevas. También existen dilaciones importantes en juicios ya comenzados, sobre todo en la instancia final de obtención de sentencias firmes.

Respecto a desaparecidos en democracia, la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) denuncia 200 casos desde 1983 hasta el presente, entre los casos con mayor repercusión están Iván Eladio Torres (Chubut), Jorge Julio López (La Plata) y Sergio Ávalos (Neuquén).

 

3. Testimonian

El testimonio de lo acontecido es uno de los logros del enorme esfuerzo que realizan y realizaron  sobrevivientes, familiares, militantes y activistas de DDHH. Ese testimonio es una de las herramientas que permite recordar, reconstruir, resistir y transformar el presente en todos los países de la región.

Brasil tuvo una dictadura muy extensa de 21 años entre 1964 y 1985. La Comisión Nacional de Verdad (2011-2014) reconoció 434 víctimas entre muertos y desaparecidos políticos. Por su parte, organizaciones de Derechos Humanos reclaman entre 2 y 3 mil víctimas incluyendo campesinos y pueblos originarios que no han sido tenidos en cuenta.

Si bien el país adhirió a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ONU), a la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas (OEA) y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no tiene una ley específica ni instituciones de búsqueda de desaparecidos.

Sin embargo, por presión de los familiares y de entidades en defensa de los Derechos Humanos,  el Gobierno dictó en 1995 la ley 9.140 creando la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos, una entidad que tuvo a su cargo inicialmente el pedido de los familiares para que se determinara la responsabilidad del Estado en las causas y circunstancias de más de 480 casos de muertes y desapariciones forzadas. En 2007, 362 casos fueron reconocidos oficialmente  y sus familiares reparados.

Desde el año 2013, esta Comisión está desarrollando proyecto de búsqueda, localización e identificación de restos mortales tanto de integrantes del movimiento conocido como “Guerrilla del Araguaia” como también de los resto encontrados  en el año de 1990, en la “Fosa Común de la ciudad de Perus”,  São Paulo, trabajo que se realizó en colaboración con peritos forenses e investigadores de la Universidad Federal de São Paulo.

Durante su mandato como diputado y desde la presidencia, Jair Bolsonaro deslegitimó la búsqueda de restos de familiares de desaparecidos. Además su gobierno prácticamente cesó los aportes de recursos oficiales para seguir  con el trabajo de los peritos forenses en la búsqueda de desparecidos.

Por otro lado, no existieron ni existen procesos judiciales en contra de perpetradores, en virtud de la llamada Ley de Amnistía, de 1979, en la cual los agentes del Estado acusados de graves violaciones a los derechos humanos fueron amnistiados. La ley sigue vigente y el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazó en 2010 derogarla o revisarla.

Fuentes: muchas gracias a Periodistas de a Pie (México), Instituto de Aprendizaje para la Reconciliación Social (IIARS, Guatemala), Archivo Histórico de la Policía Nacional (Guatemala) Archivo Nacional de la Memoria (Argentina) y Museo Memorial de la Resistencia Dominicana.

 

4. Buscan

La incansable búsqueda de familiares de desaparecidos atraviesa y atravesó diferentes países, épocas y circunstancias. En Paraguay, el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia estableció que existieron 429 personas desaparecidas durante la dictadura de Stroessner (1954-1989).

El Estado incorporó la mayoría de los instrumentos internacionales a sus leyes, está adherido a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, a la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas  y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación-DP (institución miembro de RESLAC) es la encargada  de implementar y monitorear las 177 recomendaciones del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia (2003/2008), entre ellas la búsqueda, localización, excavación y exhumación de los cuerpos de desaparecidos y ejecutados extrajudiciales.

Por su parte, República Dominicana no tuvo instituciones estatales o comisiones que trabajaran los casos de desaparecidos. Organizaciones de víctimas reclaman 25000 desaparecidos en dictadura.

El país no firmó ninguno de los instrumentos internacionales mencionados ni tampoco tiene ley específica.

En 1996, Narciso González, un profesor dominicano, fue detenido por las fuerzas de seguridad y llevado a varias dependencias policiales y militares, siendo torturado y posteriormente desaparecido. Por este caso la República Dominicana fue condenada por la Corte Interamericana de DDHH.

Ni Paraguay ni R. Dominicana tuvieron juicios de lesa humanidad en la justicia ordinaria nacional aunque desde el país sudamericano se impulsaron algunos juicios en Argentina en virtud del principio de jurisdicción universal y a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

Fuentes: muchas gracias a Periodistas de a Pie, Villa Grimaldi (Chile), Abejas de Acteal (México), Museo de la Palabra y la Imagen (El Salvador) y Archivo Histórico de la Policía Nacional (Guatemala) por las imágenes.

 

5. Denuncian

México es un caso particular en el caso de los detenidos desaparecidos: no existe una diferenciación tan clara entre dictadura y democracia como en otros países del continente. El periodo llamado “guerra sucia” que abarca las décadas del 60 y 70 tuvo alrededor de 1000 desaparecidos según la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM). En cambio, el periodo llamado de “Guerra al Narcotráfico” posterior a 2006 tiene una cantidad mayor de desaparecidos. Según RNPED (Red Nacional de Personas Desaparecidas) hubo 32.943 casos entre 2006 y 2017. Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, reportó 26128 personas desaparecidas en ese mismo periodo. Por su parte, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” en Saltillo, Coahuila, denuncia  más de 47,000 mil desaparecidos y 37 mil cuerpos sin
identificar y ciento de miles de fragmentos en el periodo desde abril del año 2007 a la fecha agosto del 2019.

En este contexto, resulta muy importante el rol de visibilización y denuncia que vienen realizando diferentes sectores de sociedad civil y familiares de víctimas. El caso Ayotzinapa (estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014) fue un hito para la denuncia internacional de la crisis del país en cuanto a violencia y desapariciones.

Recientemente fue aprobada la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, la cual contempla la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas y tipifica el delito. Sin embargo, la Ley no permite que se castigue y se juzgue a los responsables, ya que no permite que se castigue a mandos mayores que ordenan a sus subordinados la desaparición.

Otro tema significativo es la desaparición de migrantes centroamericanos y mexicanos en el trayecto de migración hacia Estados Unidos que también provoca muchas desapariciones.

 

Fuentes: muchas gracias a HIJOS (Argentina), Abejas de Acteal (México), Museo Casa por la Memoria (Colombia) y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Chile).

 

6. Exigen su restitución

Video realizado a partir de material de El Salvador. El Conflicto Armado Interno en ese país comenzó en 1980 y terminó con los Acuerdos de Paz de 1992. En ese periodo, se produjeron graves crímenes, entre ellos la desaparición de 5 mil personas según la Comisión de Verdad, mientras que para organizaciones de derechos humanos asciende a diez mil personas.

El problema de las desapariciones y la violencia no terminó en 1992, hoy en día existen muchas desapariciones vinculadas con los migrantes y con las pandillas (o maras), que incluso superan esos números.

El Salvador no firmó la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ni la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Pero en 2015 se aprobó la adhesión al Estatuto de Roma el cual permite que crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por salvadoreños sean juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI). Tampoco tiene una ley que tipifique el delito de desaparición forzada.

Ha habido algunos avances como la derogación en 2016 de la Ley de Amnistía que no había permitido juicios a perpetradores. A fines de 2018, comenzó un proceso judicial sobre la Masacre de El Mozote, donde fueron asesinadas más de mil personas. También está en tratamiento la Ley Integral de Reparación de Victimas del Conflicto Armado, por ahora sin aprobación.

Recientemente la Fiscalía General de la República creó una unidad especializada en desapariciones de personas, un fenómeno que ha dejado un saldo de 1,811 víctimas en El Salvador en el primer semestre de 2019. En ese contexto la búsqueda y restitución de restos es realizado por organizaciones de la sociedad civil.

Fuentes: muchas gracias a Museo de la Palabra y la Imagen (El Salvador).

 

7. Protestan 

En el video se ven imágenes de la emblemática Marcha del Silencio en Montevideo, en la cual se reclama por el paradero de los desaparecidos. Uruguay sufrió una dictadura entre 1973 y 1985. El Informe Final de la Comisión para la Paz (2003) arrojó 38 desaparecidos en Uruguay, mientras que el informe de Presidencia de 2015, encargado a la Universidad de la República, da un total de 192 desaparecidos, muchos de los que fueron detenidos en Argentina, Chile y Paraguay, sin tener certeza dónde fueron desaparecidos. Los organismos de Derechos Humanos denuncian más de 200.

El Estado es firmante de todos los mecanismos internacionales sobre Desaparición Forzada (Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas y Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional), y también tiene una Ley Específica que es la Ley Nº 18.026 de 2006.

Uruguay no tuvo ni tiene juicios de Lesa Humanidad contra perpetradores porque está vigente la llamada Ley de Caducidad (1986) que fue dejada sin efecto en 2012. Existen juicios desde el exterior: el juicio del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Argentina y el caso de Juan Gelman ante la CIDH. También existen juicios iniciados en el país pero han chocado con la interpretación mayoritaria de la Suprema Corte de Justicia que entiende que los delitos de Lesa Humanidad pueden aplicarse a partir de la reciente suscripción de dichos delitos por el Estado uruguayo.

Recientemente se aprobó la Ley de Sitios de Memoria Histórica y la Secretaría de DDHH para el pasado reciente, mediante un convenio con la Universidad de la República, realizó trabajos de búsqueda forense hasta 2015, que dio por resultado la aparición de cuatro restos de desaparecidos. Actualmente formó un equipo de búsqueda forense con personal contratado directamente, que viene realizando excavaciones en diversos predios militares.

Desde 1996, cada 20 de mayo, se realiza esta movilización que tiene como objetivo que se esclarezcan las desapariciones y asesinatos impunes durante la última dictadura. La fecha elegida conmemora los asesinatos del senador del Frente Amplio Zelmar Michelini, del diputado del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz y de Rosario Barredo, William Whitelaw  y la desaparición del médico Manuel Liberof en 1976 en Buenos Aires, Argentina.

Fuentes: muchas gracias al Archivo Nacional de la Memoria (Argentina), Museo Casa de la Memoria (Colombia), Rafael Gonzalez (Guatemala) y Agencia EFE.

 

8. Conmemoran

Las imágenes iniciales del video corresponden a conmemoraciones realizadas en el río Cauca, secundo río más importante de Colombia. A diferencia de otros países de la región que llegaron a acuerdos de paz o lograron salir de dictaduras, Colombia todavía se encuentra en conflicto armado. En 2012 se iniciaron negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC-EP) que concluyeron con los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016.

Sin embargo, la Paz es todavía una deuda pendiente porque existen otras fuerzas beligerantes. El asesinato de líderes sociales es una realidad prácticamente cotidiana. Solamente en 2018 se registraron 226 asesinatos según Indepaz. De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Memoria existen 82.998 casos de desaparición forzada desde el comienzo del Conflicto Armado (1964).

Colombia tiene un cuerpo legislativo que reconoce la problemática de la desaparición forzada. Además de ser firmante de todos los mecanismos internacionales sobre Desaparición Forzada (Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas y Estatuto de Roma), tiene 3 leyes específicas:

– Ley 589 de 2000 que tipifica en la legislación interna el delito de la desaparición forzada y el genocidio.

– Ley 1408 de 2010 por medio de la cual se rinde homenaje a las víctimas de desaparición forzada

– Ley 1448 de 2011 que reconoce la desaparición forzada como hecho victimizante en el marco del conflicto armado y se garantiza la atención y reparación integral a las víctimas.

Sin embargo las desapariciones siguen siendo un problema del pasado y del presente. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición conformó una Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, pero su trabajo se hace muy complejo por la magnitud y por las condiciones de inseguridad que persisten en muchos territorios.

 

Fuentes: muchas gracias al Madalenas por el Cauca (Colombia), Memorial de Paine (Chile) y Laguna Films.

 

9. Presentan

La presentación,  identificación, visibilización que realizan los organismos de DDHH y familiares es una herramienta central de las luchas por memoria, verdad y justicia. Parte de las imágenes del video corresponden a Perú, donde el Ministerio Público reconoce  20.511 personas desaparecidas, según cifras actualizadas a junio 2019, durante el conflicto armado entre 1980 y 2000.

El Perú tiene un cuerpo legislativo que reconoce la problemática de la desaparición forzada. El estado es firmante de todos los mecanismos internacionales sobre Desaparición Forzada (Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas y Estatuto de Roma), y una ley específica sobre el tema: la ley N°30.470 (Ley de búsqueda de personas desaparecidas). Por otro lado, el artículo 320 del código Penal Nacional tipifica el delito de Desaparición Forzada.

En 2016, luego de una intensa campaña de la cual participaron entre otros la Cruz Roja Internacional, se aprobó la Ley de Búsqueda que da el puntapié inicial al desarrollo de diferentes herramientas para el reconocimiento de restos. Hasta junio del 2019 se ha restituido 1199 restos de desaparecidos. Aún resta mucho trabajo por realizar en la investigación y restitución, los familiares de víctimas reclaman mayor celeridad pues hay muchos de ellos son adultos mayores que no alcanzarán a dar un entierro digno a sus seres queridos, al igual que otros ya fallecidos.

Respecto a la justicia, si bien existieron algunos juicios emblemáticos, muchos familiares de víctimas no hicieron juicios por escasez de recursos y que el sistema judicial es poco ágil.

Por su parte, Haití tuvo, según Devoir de Memoire (Organización de DDHH miembro de RESLAC), 60000 casos de desapariciones forzadas durante la dictadura de los Duvallier (1957-1971 y 1971-1986).

El Estado del presente no tomó ni toma ninguna acción reparadora ni de justicia, ni siquiera ratificó la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas y Estatuto de Roma. No existe ningún juicio contra miembros del régimen.

 

Fuentes: muchas gracias al Hijos (Guatemala), Espacio Memoria (Argentina), Memorial de Paine (Chile), y Archivo Histórico de la Policía Nacional (Guatemala).

 

10. Reivindican

Chile tuvo 1100 casos de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura 1973-1990, según las Comisiones Rettig, Valech I y Valech II.

Si bien el país adhirió a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (ONU), a la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas (OEA) y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no tiene una ley específica sobre las desapariciones forzadas. Ley Nº 20357 sobre crímenes de lesa humanidad en su artículo 6 tipifica y sanciona el delito de desaparición forzada de personas pero en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Es decir no es una ley específica sobre desapariciones, por lo tanto es considerada insuficiente.

Existen 3 casos emblemáticos de desapariciones forzadas en democracia: Hugo Arispe (2001), José Huenante (2005) y José Vergara (2015).

En cuanto a los juicios de lesa humanidad, según las últimas cifras aportadas por el Programa de DDHH en diciembre del 2015, del total de 344 agentes condenados por sentencia firme, 163 fueron condenados a presidio efectivo, de los cuales 117 se encontraban privados de libertad.

Desde los organismos de DDHH, se critica la tendencia de imponer penas sin encarcelamiento a los responsables de estos crímenes, o bien de imponer penas efectivas principalmente a personas ya encarceladas. Además en general las investigaciones judiciales no han configurado patrones de macrocriminalidad, sino casos puntuales.

Fuentes: muchas gracias al Espacio Memoria (Argentina), Archivo Provincial por la Memoria (Argentina), Memorial de Paine (Chile) y Museo Casa de la Memoria (Colombia).